En lo que respecta al financiamiento, para
garantizar la implementación de las políticas del PER-A, es necesario que los
distintos niveles de gestión (Gobierno Regional, DREA y UGELs) asignen los
presupuestos necesarios para su cumplimiento.
En cuanto a la participación, se debe convocar y
garantizar una representación legítima y propositiva de las diversas
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.
Además, el proceso debe ser democrático, con
reconocimiento de lo diverso
y de la pluralidad, donde la toma de decisiones sea
horizontal y se asuman los asuntos públicos como interés de todos y todas y no
sólo de particulares.
Adecuado mecanismo de vigilancia, seguimiento,
monitoreo, evaluación y cumplimiento de las políticas del PER-A, se deben
establecer cuatro sistemas, además de los mecanismos de vigilancia ciudadana
que se instituyan en la región, como el Consejo Participativo Regional
Universitaria, entre otros. En estas instancias se debe garantizar la
participación amplia de instituciones del Estado y de la sociedad civil.
